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Como organizaciones internacionales y latinoamericanas que trabajan en la intersección de los derechos humanos y la tecnología, rechazamos firmemente la violenta represión en Colombia, en respuesta a las movilizaciones sociales masivas iniciadas el 28 de abril. La militarización de las principales ciudades del país y la brutal represión por parte de fuerzas policiales y militares atentan contra las garantías a la vida y el bienestar de la sociedad civil colombiana, y afectan directamente al ejercicio de sus derechos fundamentales. El Estado colombiano tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y expresión en las redes y en las calles.
Según información de Temblores, entre las 6:00 a.m. del 28 de abril y las 8:00 a.m del 4 de mayo de 2021, en Colombia se han reportado 1443 casos de violencia policial, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 56 denuncias de desapariciones en el contexto de movilizaciones, 216 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de agresión ocular, 31 personas víctimas de violencia homicida, 814 detenciones arbitrarias en contra de los/as manifestantes, 77 casos de disparos de arma de fuego y 10 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
En lo relacionado a la protección de derechos en el contexto digital, nos preocupan los relatos de activistas locales, que señalan que a la militarización de las principales ciudades y al abuso de la fuerza pública se suma el secuestro de dispositivos digitales, incluyendo materiales de trabajo periodístico, además de agresiones a periodistas y comunicadores/as independientes.
Colombia tiene una preocupante historia de vigilancia indebida de las comunicaciones, que en los últimos años se ha extendido al contexto digital. En 2020 se denunció la existencia de un sistema de monitoreo mantenido por el ejército, que incluía información sobre periodistas, sindicalistas y miembros de organizaciones sin fines de lucro. El año pasado se reveló que la policía estaría intentando adquirir software para monitorear contenidos y actividad en redes sociales. Existen registros de exclusión indebida de contenidos sobre las protestas en redes sociales y de imposibilidad de hacer transmisiones en vivo. También se ha denunciado la intervención en cuentas de manera sospechosa y organizaciones especializadas reportan cortes de internet en Cali durante las protestas.
Organizaciones nacionales ya han llamado la atención sobre la imperiosa necesidad de respetar y proteger la protesta social en y a través de los espacios digitales en el contexto del actual paro nacional y están abocadas a asistir a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil a proteger sus sitios web y su seguridad digital.
El derecho a la protesta está protegido por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este derecho se aplica también al contexto digital, pues posibilita la expresión y participación pública en las sociedades democráticas.
Es crucial que el pueblo colombiano pueda utilizar las tecnologías digitales, particularmente internet, para coordinar acciones, informar sobre las protestas en tiempo real, denunciar actos de violencia policial, acceder a información de diversas fuentes, comunicarse para proteger su seguridad personal, pedir apoyo o solicitar asistencia médica o de otra índole. Cualquier intervención estatal o privada orientada a restringir el libre flujo de información atenta directamente contra el ejercicio del derecho a la protesta y otros derechos conexos, además de afectar el acceso a la información de millones de personas que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, dependen de los medios digitales.
Por lo tanto, hacemos un llamado al Estado de Colombia para que:
- Detenga inmediatamente el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y el ejército, termine con la represión en las principales ciudades y en ciudades pequeñas del país y cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho a la protesta.
- Asegure el libre flujo de información y establezca todas las garantías necesarias para que los medios independientes y ciudadanos realicen su trabajo de cobertura de las protestas sin obstrucciones.
- Refuerce los derechos de la sociedad civil a hacer uso de las tecnologías digitales que permitan ejercer su derecho a la protesta, dentro y fuera de línea.
- Garantice que la aplicación de las medidas excepcionales se lleven a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales y nacionales de derechos humanos y en consonancia con los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación.
- Investigue los hechos relacionados con el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, siguiendo el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión.
Expresamos nuestra sentida solidaridad a activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones y a todos los actores sociales de Colombia que, desde distintos ámbitos, están resistiendo y trabajando en defensa de la democracia. Es lamentable que año a año, este tipo de atrocidades siga ocurriendo en nuestra región. No descansaremos hasta que todos los gobiernos de América Latina garanticen la plena protección de los derechos fundamentales de todas y todos sus habitantes.
Organizaciones firmantes:
Access Now (Global)
Aliance for Affordable Internet (A4AI)
Alternatives (Canadá)
Artículo 19 México y Centroamérica
Article19 (Global)
Artigo19 (Brasil)
Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació (Catalunya)
Association for Progressive Communications (APC)
Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) (Honduras)
Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)
Asociación Trinidad Comunicación, Cultura y Desarrollo (Paraguay)
Centre for Information Technology and Development (CITAD) (Nigeria)
Centro de Autonomía Digital (Ecuador)
Coding Rights (Brasil)
Colnodo (Colombia)
Computer Aid (UK)
Conexo
Cooperativa Tierra Común (México)
Datysoc – Laboratorio de Datos y Sociedad (Uruguay)
Derechos Digitales (América Latina)
Digital Defenders Partnership (Global)
Digital Rights Foundation
Digital Society of Africa
Electronic Frontier Foundation (EFF) (Global)
Espacio Público (Venezuela)
Fundación Karisma (Colombia)
GlobaLeaks
Hiperderecho (Perú)
Humano Derecho
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) (Brasil)
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social (Brasil)
Instituto para la Sociedad de la Información y Cuarta Revolución Industrial (Perú)
IPANDETEC (América Central)
ISUR-Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (Argentina)
JAAKLAC iniciativa
Kandoo
LaLibre Tecnologías Comunitarias (Ecuador)
May First Movement Technology
Nodo TAU (Argentina)
Noís Radio (Colombia)
Nupef (Brasil)
Open Observatory of Network Interference (OONI)
ONG Amaranta (Chile)
Privacy International (Global)
R3D: Red en defensa de los derechos digitales (México)
RedesAyuda (Venezuela)
Rhizomatica (Mexico)
SMEX (Líbano)
Sulá Batsú (Costa Rica)
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (México)
Taller de Comunicacion Mujer (Ecuador)
Team CommUNITY
TEDIC (Paraguay)
The Tor Project
WITNESS (International)
Zenzeleni Networks
Adhesiones individuales:
Andrea Alvarez (Ecuador)
David Aragort (Venezuela)
Luis Serrano (Venezuela)
Jonathan Finlay (Ecuador)
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