Por: Carolina Botero
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Avanza en el Congreso la reforma del código electoral que actualiza la forma como funciona el proceso. Ya hablé de identidad y biometría, ahora lo haré sobre el voto electrónico que sobrevive entre apoyos y resistencias, argumentos y burlas, y con muchas preguntas sobre la inversión que requiere.
Empecemos el relato con quienes están a favor del voto electrónico. Sus argumentos giran en torno a que este último que ya es una obligación legal; que nos va a ayudar a salir del “retraso tecnológico”; y afirman –sin pruebas más allá del solucionismo tecnológico– que el voto electrónico es fuente de transparencia, eficiencia y agilidad. Mejor dicho, lo ven como antídoto contra el fraude electoral.
Por otro lado, senadores de todos los colores políticos como Paloma Valencia, Humberto de la Calle, Ariel Ávila o David Luna, presentaron proposiciones interesantes de retiro o modificación para incluir más garantías en la sesión en comisión primera de Senado, donde se aprobó ya la reforma en su primer debate. Faltan tres y el control constitucional.
Las voces en contra señalan que el voto electrónico ha facilitado el fraude en otros países, que no aporta transparencia, que aumenta la ya existente desconfianza en el sistema electoral y que implementarlo supone una importante inversión.
Aunque hubo varias proposiciones de eliminación de los artículos del voto electrónico, no prosperaron. Como es una ley estatutaria necesitan la aprobación de una mayoría especial que es difícil de conseguir. Una vez fue evidente que el voto electrónico permanecería, el debate se enfocó en garantizar transparencia en el proceso de contratación y en el derecho de acceder a información para proteger los principios del proceso electoral como integridad, veracidad y privacidad. Hubiera sido interesante escuchar más sobre las garantías al secreto del voto.
También se discutió la ampliación de la representación de sectores en la Comisión Asesora para la Implementación Progresiva de los Sistemas de Asistencia Tecnológica en los Procesos Electorales. Se pidió garantizar la presencia de la oposición, de la sociedad civil y de la academia. Esta comisión existe desde 2011, pero si bien ha entregado recomendaciones para la ejecución de pilotos, no se ha avanzado desde 2016 en la implementación. En parte por falta de garantías jurídicas y técnicas, en parte porque no hay recursos y porque persisten las dudas sobre la utilidad del Voto electrónico en el país.
El senador Carlos Fernando Motoa ha sido muy efusivo en su defensa y aun así reconoció que el voto electrónico, como cualquier otra modalidad de voto, tiene desafíos. Sin embargo, habría que decir que el voto electrónico tiene más retos en un contexto como el colombiano. Plantea preocupaciones sobre conectividad y accesibilidad, seguridad e integridad del voto, capacidades reales de la organización electoral (Registraduría y Consejo Electoral) para el despliegue de estas tecnologías y capacidad ciudadana y de los actores electorales para la veeduría del proceso. Esto sumado a la desconfianza ciudadana, a que no soluciona la amenaza del fraude electoral, ni de la corrupción de las instituciones y si es muy costoso, lo hace poco atractivo y obliga a mantener el juicioso análisis sobre su implementación.
Ante la posibilidad de que el voto electrónico pase, tranquiliza que esta reforma sea diferente de la que impulsó esta Registraduría en 2020. De adoptarse el voto electrónico en estos momentos, será en línea con recomendaciones y lecciones internacionales como las del informe de 2018 de las Academias Nacionales de Estados Unidos de Ciencia, Ingeniería y Medicina. Este informe analizó las diferentes opciones de voto que hay a lo largo y ancho de ese país y concluyó que incluso con tecnología lo mejor es que las elecciones se hagan con votos de papel legibles por humanos, porque deja pruebas que la tecnología (mala u obsoleta) no puede variar y por tanto permite el control posterior. Es decir, aun en el peor de los escenarios mantiene garantías de transparencia.
Esta conclusión confirma lo que vivimos en Colombia en las elecciones de 2022: las preocupaciones sobre posibles fraudes electorales derivados de la arraigada desconfianza en el sistema se mitigaron porque, a pesar de las barreras y lo complicado del proceso actual, los partidos y las personas pueden observar y rastrear la votación.
Hablemos de otros requisitos. El primero, sin duda el secreto del voto. Ya se acepta en el proyecto que la misma máquina con la que se expresa la decisión de la persona que vota no puede ser la misma que sirva para identificarlo y permitirle acceder al proceso. Falta hablar de las garantías para que ese secreto no se pierda.
Sobre la integridad del voto y la generación de los resultados en la mesa de forma ágil. El sistema presentado en el proyecto de ley, el voto electrónico mixto, exige garantía en papel y la existencia de una urna donde se depositen los comprobantes y que estos puedan ser contados por los jurados. La máquina también genera un acta con el resultado que puede ser verificada tras el conteo manual y en caso de diferencia prevalece el resultado manual. Sin embargo, el proyecto contempla aún que los resultados de la mesa sean transmitidos por la misma máquina una vez cerrada la jornada electoral.
Como lo hemos dicho en comentarios anteriores, desde Karisma, donde trabajo, la trazabilidad no puede sacrificarse con el voto electrónico que se implemente, por eso la tecnología que permita su despliegue deberá estar desconectada de Internet. En la medida de que estas máquinas estén conectadas y envíen información eventualmente también pueden recibirla y esto las convierte en inseguras. Si se afecta el conteo, si cambia y no es fácil hacer seguimiento a esos posibles cambios perdemos la traza y con ella la integridad.
Al final lo que habría que decir es que el famoso salto al futuro será que tendremos una tecnología en el puesto de votación que se llama impresora. La pregunta que siguen sin responder sus promotores es ¿cuánto nos costará el capricho?, porque no es solo el costo de las máquinas –un concepto del Ministerio de Hacienda citado por Paloma Valencia habla de que las elecciones pasarían a costar nueve billones de pesos– es un compromiso a largo plazo que incluye logística de traslado, mantenimiento y, sobre todo, el compromiso por mucho tiempo con el proveedor privado.
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