Rappi y los problemas del unicornio : Fundación Karisma

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El 22 de septiembre Reuters publicó una noticia que parece haber pasado desapercibida en el país: “Entrega no deseada: Rappi genera un mercado negro en las cuentas de los trabajadores”. Allí cuentan que, por una parte, se venden los perfiles de los domiciliarios de Rappi —si alguien por algún motivo no puede tener su cuenta a nombre propio, paga por una—, y por otra, hay un mercado de “upgrades” —por ejemplo, para pasar de domiciliario en bicicleta a moto—. Esto es grave, tanto como que no haya quién le ponga el cascabel al gato.

En medio de una importante crisis social agravada por la pandemia, antecedida por la alta demanda de este tipo de trabajos para inmigrantes que ven en estas plataformas una opción de ingresos, la denuncia que hace Reuters debe preocupar. Este mercado negro se mueve a través de cuentas de Whatsapp, perfiles de Facebook o en la calle, por cifras que superan los $200.000 y pueden llegar a los $600.000. Mercado que además puede incluir trabajos internos o de hackers que podrían hacer posibles los “upgrades”, dice Reuters. No descarto que pueda haber hackeos al sistema porque en el pasado Rappi ha sufrido vulnerabilidades que muestran debilidades en su gestión de la seguridad digital.

Pero quiero resaltar algunos puntos que me preocupan del artículo de Reuters.

Sin duda lo primero que se me ocurre es que la base de este mercado negro está en la angustia de los migrantes venezolanos sin papeles por hacerse a un cupo para ganar su sustento diario, además de los nacionales afectados por la pandemia que están acudiendo también a esta solución. Estas circunstancias nos obligan a pensar en desigualdad y en una población vulnerable que teme reclamar derechos.

El artículo recuerda la primera huelga del país de quienes trabajan con la plataforma, considerada el unicornio nacional. El 15 de agosto los rappitenderos se quejaron de sus condiciones laborales —que hace poco un juez reconoció a un trabajador de otra plataforma— y, nos dice Reuters, sus reclamos incluían quejas contra los bloqueos y contra un sistema de puntos que determina quién puede trabajar en las zonas de alta demanda. Protestaban también por la forma como la plataforma impone las normas y toma decisiones. Es decir, se quejaban de los “Términos de uso” y de los algoritmos que deciden quién y dónde puede trabajar.

En el artículo se señala que Rappi niega haber bloqueado cuentas sin justificación mientras indica que canceló 5.600 desde marzo (durante la pandemia); 1060, por problemas de “identidad falsa”. Pero también está el relato de un rappitendero que afirma que cancelaron su cuenta sin previo aviso.

Rappi podría, como lo hacen las grandes empresas digitales, hacer un informe de transparencia donde explique mejor cuántas veces, cómo y por qué hace suspensiones temporales o bloqueos definitivos de las cuentas y las medidas que toma para ello. Esto, porque es importante resaltar que las plataformas están obligadas a incorporar el debido proceso en sus mecanismos de bloqueos, suspensiones y cancelación de cuentas al tiempo que deben tener reglas claras que señalen cómo en sus decisiones evitan medidas que discriminen a sus rappitenderos. Esto, que he investigado más en circunstancias donde se afecta la libertad de expresión, también debería ser la regla, más aún si hablamos del respeto al derecho al trabajo.

De otra parte, el artículo de Reuters también nos abre la puerta a la discusión sobre la transparencia del algoritmo. ¿Cómo decide Rappi quién puede trabajar en las zonas más apetecidas?, ¿quiénes son discriminados en ese caso?, ¿valen más esas cuentas con más reputación?

Finalmente, otro tema que me llama la atención es la ausencia de una autoridad que responda por el tema. Los periodistas de Reuters se comunicaron con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y con la policía. Ambos indicaron que el problema era de alguien más. La policía dijo que faltaba regulación. La SIC dijo que era un problema de policía.

Parece una posición muy indiferente creer que no contamos con una institucionalidad que pueda lidiar con el tema. El bosque no deja ver los árboles, pero si miramos con cuidado, aquí hay diferentes aristas y, seguro, tanto la Policía como la SIC tienen un papel y también el Ministerio de Trabajo. En todo caso, el problema puede crecer, afectando ya no solo a las personas de carne y hueso que entran en este comercio ilegal de perfiles, sino que además va a alimentar la desconfianza en el comercio digital y afectar la reputación de una empresa colombiana pionera en lo digital.

Alerta. Algo más: el artículo menciona que Rappi está trabajando con la policía en un sistema para identificar trabajadores en tiempo real. Además de la preocupación sobre los límites a la vigilancia de las personas, espero que no sea esta “la” solución a un problema complejo que, como se ve, tiene como eslabón más débil al inmigrante irregular. Suena a una cacería de inmigrantes, que de hecho parece tuvo un primer capítulo en la huelga de agosto a la que los primeros en llegar fueron los de Migración Colombia. En Estados Unidos, Palantir —empresa que desarrolla tecnología de vigilancia digital— ha estado envuelta en un escándalo vinculado con su ayuda en la identificación de inmigrantes ilegales. Rappi y Policía: es importante que nos digan ¿cuál es el problema que se va a solucionar con tecnología?, ¿el mercado que explota a los inmigrantes o la creación de una trampa para cazarlos?