Pronunciamiento Fundación Karisma. Bogotá, 16 de junio de 2021
El 14 de junio de 2022, a través de la cuenta oficial del Director General de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, se publicó un video en el que se anunció “el mayor número de capturas” contra integrantes de la “Primera línea”. A estas declaraciones, siguieron varias publicaciones en prensa en las que se habló de veinte (20) personas capturadas y de ciento sesenta y un (161) diligencias de allanamiento. Desde la Fundación Karisma, queremos pronunciarnos respecto a algunos puntos que nos parecen ponen en alto riesgo los derechos a la libertad de expresión y la protesta de la ciudadanía.
Para empezar, en el video publicado por el General Vargas se habla de “información recolectada por la Policía Nacional” en redes sociales, perfiles anónimos y apócrifos. Al respecto, resulta inquietante que la Policía esté monitoreando las publicaciones de la ciudadanía en redes sociales y que a partir de ello se lleven a cabo procesos de identificación y judicialización de personas. Este tipo de actividades vulneran la libertad de expresión y promueven la autocensura, porque las personas temen ser judicializadas por expresar sus opiniones.
Además, nos surge la duda de qué tecnologías se están usando para monitorear redes sociales y cuestionamientos sobre su legalidad. Al respecto, el año pasado elevamos, junto a otras organizaciones, nuestra preocupación sobre el uso de tecnologías de vigilancia por los Estados para enfrentar desafíos sociales como las protestas y la seguridad pública. Hasta el momento, la Fuerza Pública no ha indicado el tipo de tecnología que usa para monitorear las conversaciones digitales, la forma de seleccionar a quiénes monitorean, el tipo de información que recogen ni el uso que le dan. Mucho menos, indica el control al que están sometidas esas operaciones.
Los pronunciamientos y las capturas adelantadas por las autoridades parecen fundarse en la estigmatización de la manifestación social y resultan preocupantes de cara al ejercicio a protestar. Como quedó evidenciado en la jornada de protestas del año pasado, funcionarios públicos etiquetaron a quienes se manifestaban como “vándalos”, “insurgentes”, “delincuentes”, “enemigos”, creando un ambiente hostil para el ejercicio de derechos (CIDH, 2021). Por ello, la Comisión recomendó a las autoridades abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan sobre las protestas a través de Internet.
En esta ocasión, en la antesala de la segunda vuelta electoral, la Policía Nacional indica que está investigando y judicializando a jóvenes presuntamente parte de Primera Línea, grupo ciudadano que participó activamente durante el Paro Nacional de 2021. Al mismo tiempo, varios creadores de contenido han mencionado intimidaciones y posibles capturas por respaldar a uno de los candidatos presidenciales. De ser así, las autoridades estarían desconociendo que el Estado tiene el deber de garantizar que en el espacio público, digital y análogo se respeten visiones plurales, alternativas y diversas sobre asuntos de importancia pública. No debemos olvidar que los funcionarios públicos deben resguardar que las personas puedan manifestarse libremente y deben asegurar que sus opiniones no sean objeto de persecuciones.
Hacemos un llamado a las autoridades a cesar la persecución de personas con base en las opiniones que expresan públicamente, incluso por redes sociales, así mismo a cesar las labores de vigilancia a la ciudadanía. A las autoridades de la Rama Judicial, pedimos que se respete el derecho fundamental al debido proceso de las personas que fueron procesadas y que evalúen con sumo cuidado si la información extraída de redes sociales es legal o no. Finalmente, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga seguimiento a las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia” emitidas el año pasado.
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