Por: Catalina Moreno Arocha / Coordinadora de la Línea de Inclusión Social
Cada año, al llegar el 25 de noviembre y durante 16 días, debemos repensarnos la forma de hacer visibles iniciativas para contribuir a un mundo menos violento para las mujeres. En lugar de encontrar avances, lamentablemente, nos toca hacer eco de espacios “nuevos” en los que la violencia ha encontrado sitio. Las redes sociales son esta vez ese lugar sobre el cual queremos prender alarmas.
A raíz de la pandemia y el confinamiento, las redes sociales y los servicios de mensajería se reforzaron como el lugar en el que se se informaba y se daban los debates: desde las más recientes medidas para evitar aglomeraciones, los avances en la búsqueda de una vacuna, hasta las formas de comprar víveres a distancia. Internet se afianzaba aún más como un lugar de habitación, en donde no solo construíamos relaciones con otras personas, también nuestras identidades.
Cada vez era más fácil que de esa experiencia pasáramos a la experiencia presencial y viceversa. La división entre ambos mundos se hizo cada vez menos clara.
Una forma de violencia distinta
Justamente, la discriminación y la violencia contra las mujeres también se ha afianzado en el espacio en línea, con devastadoras, aunque poco medidas, consecuencias. Encontramos que conductas como el ciberbullyng (matoneo digital), el body shaming (vergüenza corporal), el ciberacoso, los ataques masivos coordinados, entre otras, sumadas a la brecha digital, hacen más difícil que ellas accedan a las tecnologías y que las usen para ejercer sus derechos.
La violencia digital que sufren las mujeres puede llevarlas a salir definitivamente de esos espacios o permanecer en ellos a expensas de su tranquilidad.
Así, además de poner en riesgo su vida, salud e integridad, esas agresiones amenazan su libertad de expresión y de información, su privacidad y sus datos personales. A veces, inclusive, la de sus personas más cercanas y afectan el espacio y debate público donde sus voces se silencian.
La violencia digital es aquella facilitada por las tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y que, como cualquier otra forma de violencia de género, busca mantener a las mujeres en los roles tradicionalmente asignados a ellas: a cargo de las tareas domésticas y de cuidado, sin participación en la esfera pública ni en el manejo de sus finanzas, sin control sobre su sexualidad, obedientes y pudorosas.
El elemento tecnológico, que buscamos resaltar esta vez, supone retos específicos. La información tiende a permanecer en línea, es fácil de replicar y difundir sin importar fronteras, lo que hace casi imposible que sea eliminada completamente y permite que la mujer sea victimizada una y otra vez.
El alto costo en la vida de las mujeres
El hecho de que ocurra en internet no le resta gravedad a la violencia. Esta tiene impactos desproporcionados en la vida de las mujeres, porque usualmente experimentan agresiones más severas: mientras los hombres reciben insultos o acusaciones vergonzosas, ellas son objeto de acoso y agresiones sexuales.
Las consecuencias, por lo mismo, suelen ser más graves para ellas y pueden ir desde el aconductamiento a los roles esperados, al aislamiento social, al aumento de ansiedad, la depresión, incluso al suicidio. Esas secuelas crecen cuando los ataques se extienden en el tiempo, se trasladan a su vida fuera de línea o cuando el agresor es alguien conocido.
Por la notoriedad de sus perfiles, por la labor que realizan o por la pertenencia a determinados grupos vulnerables, algunas mujeres se convierten más fácilmente en objetivos de la violencia digital. Esto sucede especialmente con las mujeres defensoras de derechos humanos, las políticas, las periodistas, las jóvenes (18-24 años), las que hacen parte de minorías étnicas, las que tienen alguna discapacidad y las lesbianas, bisexuales y trans.
Y es que este tipo de violencia busca, sin duda, disminuir la participación y visibilidad de las mujeres en internet e impedir su participación en el debate público. Además de generar angustia y temor porque se concreten las amenazas, lleva a la autocensura de las víctimas, como mecanismo de protección. Algunas mujeres acuden al uso de seudónimos, disminuyendo su actividad en internet (lo que puede afectar sus carreras y sus libertades), cancelan definitivamente sus cuentas o dejan su profesión.
Hace unos años, en Karisma alertamos que las periodistas son víctimas de violencia digital por el hecho de que son mujeres que se expresan y opinan públicamente, y que los ataques buscan dañar su reputación y silenciarlas. Usualmente los comentarios hacen referencias a sus “relaciones personales y familiares; son descalificativos en cuanto a la apariencia física y la capacidad intelectual; y sexualizados, en donde el cuerpo es usado como arma y campo de batalla”.
A la larga, el miedo por las amenazas afectaba sus carreras, disminuyendo la presencia de mujeres en medios de comunicación.
Las mujeres no cuentan con garantías para denunciar
Hemos encontrado que la violencia digital rara vez obtiene una respuesta de parte del Estado y de la sociedad, que no existe un delito específico que tenga en cuenta las particularidades de las agresiones, una definición legal sobre la violencia, un protocolo de atención especial o un registro de víctimas para hacer seguimiento [1].
Es posible que individualmente las conductas se adecúen a delitos existentes y que la violencia digital se tome como violencia emocional o sexual, pero la falta de conocimiento o de interés de los funcionarios encargados de la ruta de atención y la impunidad impiden que las mujeres sean asistidas y los agresores sancionados.
Aclaramos que las autoridades cuentan con las herramientas legales para investigar conductas que ocurren en línea y que, de contar con la suficiente justificación y una orden judicial, podrían pedir, por ejemplo, a las empresas intermediarias de internet desanonimizar al agresor.
Sin embargo, como sucede a diario con otras formas de violencia de género, la violencia digital no es tomada en serio: a finales de 2020, la Vicefiscal informó que por el delito de violencia intrafamiliar se habían emitido 16.366 sentencias condenatorias entre 2015 y 2020, pese a que solo en 2020 se presentaron más de 60.000 denuncias por ese delito. Esas cifras hablan por sí mismas.
A la larga, los reclamos de las mujeres, cuando ellas deciden denunciar a pesar del temor, son respondidos con recriminaciones por no tomar las medidas de seguridad adecuadas o por compartir fotos íntimas, con llamados a cerrar sus cuentas o con la normalización de las agresiones, como el precio a pagar por ser parte del mundo en línea.
Lanzamos un glosario sonoro y de red flags ? sobre la violencia digital de género
Por la importancia de generar conciencia entre las personas que usan las tecnologías y en quienes se encargan de atender la violencia de género, en Fundación Karisma iniciamos un banco de definiciones sobre las formas que puede adoptar la violencia digital. También quisimos narrar algunos ejemplos para ilustrar los casos y para que las definiciones lleguen a la mayor cantidad de personas.
Te compartimos la primera de cuatro entregas de este glosario sonoro.
Amenazas en línea
Ataques masivos coordinados
Body shaming
Ciberacoso
Nuevo: Accede a la segunda entrega de nuestro glosario sonoro
Además, mientras se construyen protocolos de atención específicos que den herramientas a los funcionarios para abordar la violencia digital con una perspectiva de género y a las mujeres para exigir su cumplimiento, contamos con algunas recomendaciones para que las mujeres víctimas denuncien y resistan estos hechos. Dejando claro que la responsabilidad de la agresión nunca será de las mujeres ni de su comportamiento en el mundo en línea. Y que la prevención de la violencia supone cambios de comportamiento de los hombres y de la sociedad.
Como sucede con cualquier violencia de género, resaltamos que la labor estatal no termina con la recepción de la denuncia penal. Además de las acciones que buscan la sanción o la prevención de la difusión no consentida de imágenes o datos personales, la norma de prevención de violencia prevé que las mujeres pueden pedir medidas especiales de protección como el desalojo del agresor de la casa familiar, la prohibición de aproximación o contacto, la asistencia a un tratamiento reeducativo y terapéutico, entre otras.
También tienen derecho a que su EPS provea servicios de habitación y alimentación si deben abandonar su hogar, así como las citas médicas, sicológicas o siquiátricas que requieran. Los municipios deben asesorarlas en cuanto a los mecanismos de denuncia y reparación, en un lenguaje fácil e inclusivo. Y, especialmente, tienen derecho a que se asegure su autonomía en la toma de decisiones, incluida la de no ser confrontada con quien las agredió.
No queremos dejar de lado el rol de las plataformas digitales en donde ocurren las agresiones. Sus políticas de reporte de violencia de género no son transparentes y sus prácticas son inconsistentes. Ante una denuncia pueden bloquear la cuenta de la persona agresora, remover el contenido acosador o amenazante, decidir no actuar pero, paradójicamente, también puede suceder que cancelan la cuenta de la víctima, en respuesta de los reportes hechos por el agresor.
Son muchos los actores involucrados y es fundamental que todos estén comprometidos en prevenir la violencia y actuar cuando ella ocurra, pues solo así se pueden transformar realidades.
A fin de cuentas, sabemos que el internet es un lugar con potencial democratizador, que puede abrir puertas para que las mujeres aprendan, se informen y se expresen en igualdad de condiciones que los hombres y puedan exigir el goce de sus derechos ante el Estado y la sociedad. Pero para que ello sea posible se requiere que sea un espacio verdaderamente seguro y equitativo, que cuente con políticas públicas para abordar la violencia digital.
Se deben asegurar rutas de atención efectivas para el reporte de violencia, el restablecimiento de los derechos de la mujer, la sanción de sus agresores y la mitigación del daño, así como garantizar que la violencia no se repetirá.
[1] En el momento, en el Sistema integrado de información de violencias de género (SIVIGE) que reúne los datos de la Fiscalía General, Medicina Legal, el DANE y el INS y el Registro Único de Víctimas no tiene cifras sobre violencia digital. Conceptualmente clasifica la violencia clasifica la violencia según sus características como psicológica, sexual, física y económica y según el ámbito como familiar, de pareja y expareja, amistad, comunitario, salud, escolar, laboral, institucional, reclusión intramural, instituciones de protección, sin relación.
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