Por Carolina Botero
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Una hermosa noticia en medio de esta crisis del COVID-19 se dio hace unos días en Italia: un grupo de voluntarios usó una impresora 3D para producir una válvula para respiradores que se había agotado en un hospital y que escaseaba en el mercado. ¿Por qué frente a esta noticia yo solo podía pensar ¡vaya problema de propiedad intelectual!? Acá les cuento.
El grupo que resolvió el problema de vida o muerte, hizo reingeniería para rediseñar la pieza, sacar los planos e imprimir las válvulas que se necesitaban. Cuando solucionaron el problema inmediato, y como se mantenía la escasez, quisieron obtener los planos oficiales para hacer más piezas con mejores especificaciones. La empresa que manufactura las válvulas señaló que no los podían compartir debido a restricciones de propiedad intelectual e indicó que podrían demandarlos. Aún así, tanto ellos como otros “makers” siguieron y muchos se han volcado a liberar nuevos diseños.
Es positivo que hasta la fecha no haya aviso de demandas, es más, la empresa -titular de la propiedad intelectual- ha negado que piense tomar acciones y por eso algunos creen que la amenaza no es tal. Para otros, la advertencia inicial que buscaba desincentivar la acción es una amenaza.
Yo me pregunto con vidas en riesgo y ante la emergencia humanitaria ¿por qué estas personas deben temer una demanda?, ¿por qué tienen que trabajar más, si la solución sería más rápida si les dieran los planos?, ¿por qué esto es un problema incluso en escenarios donde el mercado no puede suplir el recurso? Les voy a contar un par de casos más.
Ante una emergencia por desastre natural, la respuesta humanitaria consiste en atender a la población sobreviviente con el suministro rápido comida, artículos de aseo, ropa, etcétera. Después de eso se pasa a la reconstrucción. Para hacer esto se necesitan datos y mapas que permitan tomar decisiones, definir prioridades.
En 2012 Robinson Meyer contó cómo el Tifón Haiyan de Filipinas, fue el escenario en el que por primera vez la Cruz Roja desplegó su estrategia abierta para enfrentar emergencias y abrió paso al uso del software libre de mapeamiento Open Street Maps (OSM), licenció los datos en abierto y coordinó a la comunidad de voluntarios de este software. La decisión se tomó porque usar soluciones libres reduce o elimina tiempos y costos y, además, alivia gastos para quien debe mantener el proceso funcionando después de que se va. Pero, también porque no siempre cuentan con la información de base necesaria, tienen que crearla pronto y garantizar que se comparta.
Desde la alerta de tifón La Cruz Roja convocó a más de 400 voluntarios que alimentaron el mapa de la zona en riesgo identificando infraestructuras como vías, edificios, etcétera, y siguieron mapeando después del tifón. Estos mapas son los que usan los rescatistas y trabajadores para desplegar la ayuda en un terreno que se verá muy diferente de lo que había sido antes.
En Filipinas la National Geospatial Intelligence Agency (NGA) operada por el departamento de defensa de los EE.UU., tenía imágenes satelitales de esa zona que le permitían saber cuáles eran los sitios más afectados. La NGA le dijo a la Cruz Roja dónde debía concentrar esfuerzos. Ahora bien, podía dar ese dato pero no podía entregar las imágenes. Pasaban los días y la autorización para compartir las imágenes no llegaba, una de las razones: propiedad intelectual.
Un año antes de lo sucedido en Filipinas, Colombia tuvo una temporada de lluvias que generó grandes e importantes inundaciones dejando miles de damnificados. Lo que pasó acá tiene muchas similitudes con lo que sucedería después en Filipinas.
OCHA (la organización de la ONU encargada de atención de desastres) tuvo problemas para acceder a los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para diseñar la respuesta para la zona de la Mojana. IGAC -como la NGA- tenía que revisar si y cómo podía entregarlos debido a restricciones de propiedad intelectual. En su momento me explicaron que el IGAC con frecuencia prestaba sus servicios a privados y los mapas que venía haciendo no eran siempre suyos, podrían tener restricciones de propiedad intelectual a favor del financiador. Debían resolver no solo quién en IGAC podía liberar los mapas -porque a veces la regulación interna lo define-, sino incluso analizar también si esta decisión todavía dependía de ellos.
En ese momento una comunidad de voluntarios de OSM, fue la que respondió al llamado de OCHA. Con el apoyo de los propios damnificados y los GPS de sus celulares, recogieron datos y mapearon la zona para guiar a los rescatistas en la toma de decisiones y el despliegue de la ayuda. En 2012 estos voluntario me pedían que en la reforma al derecho de autor que se tramitaba entonces -la que finalmente pasó en 2018- incluyéramos una excepción que abordara el problema de acceso a mapas en emergencias. Nadie nos entendía el problema, nadie nos creía que esto realmente sucedía. Nunca lo documenté y ahora lo lamento mucho porque la excepción no existe y salvo nuestra palabra no hay evidencias del problema. Dicho sea de paso, el IGAC ha mejorado en estos años, y la comunidad local de OSM creó su propio grupo de respuesta a emergencias humanitarias.
Alegar la exclusividad que garantiza la propiedad intelectual (con patentes, modelos de utilidad, mapas, bases de datos, etcétera) nunca debería ser una barrera o razón que entorpezca una posible solución o apoyo en medio de una emergencia humanitaria. Se que es algo de no creer, pero sucede. Para el COVID-19 se debe pensar en excepciones dentro de la declaratoria de emergencia.
En todo caso me encantaría documentar otros ejemplos que nos lleven a hablar y a posicionar el interés público como un elemento necesario de la propiedad intelectual, en concreto en derecho de autor para el año que viene, pues habrá una revisión de las excepciones para Colombia. ¿Conoce algún caso? ¡Cuénteme! @carobotero.
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