En nuestro episodio anterior, ¡Tú no deberías ser pobre!, analizamos uno de los dos supuestos fallos que motivaron la actualización del Sisbén a su versión IV: la falta de un componente que midiera la capacidad presuntiva de las personas/familias registradas en este programa para generar ingresos.
Ahora, para cerrar este podcast sobre Sisbén IV, tecnologías y derechos humanos traemos el tercer y último capítulo: ¡No te creo! Acompáñanos a entender con más detalle el segundo aspecto que nos faltaba: la necesidad de contar con un sistema para verificar la información reportada por la ciudadanía.
Dale play y juntémonos en esta reflexión sobre las implicaciones del intercambio de bases de datos con entidades públicas y privadas para verificar lo que las personas reportan en las encuestas de clasificación del Sisbén hechas por el Departamento Nacional de Planeación.
Si todavía no te convencemos del impacto que esta medida tiene sobre los derechos humanos de las personas más vulnerables del país, te adelantamos que, gracias al decreto 441, expedido en el año 2017 (una año después de que el DNP identificara los dos fallos del Sisbén que ya mencionamos), este último pudo firmar convenios con entidades públicas y privadas para obtener y compartir información personal de las personas vinculadas al Sisbén.
¿Y eso qué significa? Pues que con este decreto en mano, el DNP emprendió la firma de 34 acuerdos para compartir los datos del Sisbén con entidades públicas y privadas dentro de las cuales se encuentran las centrales de riesgo financiero, el sistema de matrículas, el sistema de aportes en salud y pensión, servicios públicos, impuestos, transportes, finca raíz, registro de víctimas, entre otros.
Así pues, los datos privados de las personas que aspiraban a los programas sociales del país, que se transaban en este cruce de las bases de datos nacionales, empezaron a ser usados por entidades como Experian (dueña de Data Crédito en Colombia) para perfilar a las poblaciones, hacer estimaciones de riesgo y en últimas, para crear servicios de tipo financiero y bancario.
Es decir, para diseñar y ofrecer servicios financieros no pedidos a través de datos que personas y familias en situación de pobreza en Colombia entregaron al Estado esperando poder acceder a beneficios sociales que en muchos casos son la única garantía de derechos como la salud o la alimentación. ¿Querías comer? ¿Y qué tal si mejor sacas una tarjeta de crédito y te endeudas con un banco?
¡Les esperamos!
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Te invitamos a conocer el informe Experimentando con la Pobreza que se menciona en este Podkast.
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Edda es investigadora de la línea de Autonomía y Dignidad de la Fundación Karisma. Es antropóloga y le interesa la intersección entre la tecnologia y los derechos humanos y digitales.