Habiéndose cumplido un mes del #ParoNacionalColombia, desde Fundación Karisma lamentamos y condenamos las vidas perdidas y las violencias que se han ejercido sobre las personas durante las manifestaciones. Creemos que no hay esfuerzo menor para evitar las afectaciones a la integridad física y emocional que se han producido. Hacemos un llamado a la justicia, a la solidaridad, al desescalamiento de la violencia y a que la situación se maneje con pleno apego a los derechos humanos.
Tambien puedes leer: Pedimos incorporar y analizar las violencias digitales en la protesta durante su audiencia, una carta que varias organziaciones de la sociedad civil hicimos llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos días antes de su visita a Colombia.
Bogotá, 2 de junio de 2021. La “transformación digital” también se da en el derecho a disentir y protestar y los desafíos para trasladar las garantías fuera de línea al entorno digital se mantienen, en un contexto en donde son las tecnologías las que están sirviendo para denunciar violencia pero también para controlar a quienes se manifiestan.
A continuación, les compartimos seis preocupaciones sobre este tema:
PRIMERO. Expresamos nuestra preocupación por los cortes e interrupciones selectivas, ilegales y arbitrarias de internet durante las protestas
Los relatores especiales para la libertad de expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos), han indicado que “la interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”.
Manifestamos nuestra preocupación por el desacato de estas orientaciones por parte del Estado colombiano. Durante las jornadas de protesta, aún se mantienen las denuncias sobre casos de interferencias en las comunicaciones, y en adición, casos de cortes de energía. Todo ello en ausencia de un mecanismo institucional independiente que investigue el origen y naturaleza de estas situaciones, contribuyendo a un clima de sospecha y desinformación que no permite el ejercicio pleno del derecho a la protesta.
No tener acceso a internet también impacta negativamente en el disfrute de los derechos humanos en línea, así como en el ejercicio del derecho de acceso a la información, a la cultura, a la libertad de expresión, a trabajar y a educarnos, entre otros.
Es obligación del Estado garantizar la conectividad y abstenerse de interferir en las comunicaciones. Sin embargo, desde 2018 se modificó una resolución expedida por el Ministerio TIC en 2013 para autorizar a los organismos de seguridad del Estado a usar inhibidores y bloqueadores de señal en casos de “seguridad pública” sin ningún tipo de restricción o revisión judicial previa o posterior.
SEGUNDO. Alertamos sobre la obligación del Estado de cuidar y proteger la neutralidad de la red, un deber que tiene especial relevancia en medio de las protestas
En desarrollo del principio de neutralidad de la red [1] , reconocido en el ordenamiento legal colombiano, el Estado tiene el deber de defender la libertad de las personas usuarias de navegar en Internet. Por eso nos preocupa la vigencia y desproporcionalidad de la orden que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a las empresas proveedoras de internet, el pasado 21 de mayo a través del Ministerio TIC, para bloquear temporalmente dos url en los sitios de archive.org y gosthbin.com, por violación al régimen de protección de datos.
La medida es desproporcionada [2], es imposible de cumplir sin bloquear completamente los dos sitios. Vale la pena agregar que archive.org busca convertirse en el archivo de internet y es popular precisamente para guardar material probatorio en medio de protestas sociales, con lo cual este contexto también debe ser considerado.
TERCERO. Rechazamos la continua criminalización de quienes protestan y se pronuncian en las redes sociales a favor de la protesta
De acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA (Organización de los Estados Americanos), la protesta es particularmente relevante “para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos” [3] y estas voces consiguen escucharse sobre todo a través de las redes sociales e internet.
El Estado tiene el deber de proteger esas voces y abstenerse de estigmatizar a quienes protestan y a las herramientas que usan, como sus teléfonos celulares, las redes sociales, los servicios de mensajería, entre otros. El Estado y sus autoridades deben reconocer que los contenidos producidos por las personas son legítimos e importantes en el espacio público. Las autoridades tanto civiles como de la fuerza pública no pueden obstaculizar la libre circulación de información, sobre todo si se usa para supervisar su actuar y denunciar abusos y violencia de las fuerzas del orden en el país.
Desde Karisma advertimos que la protección que el Estado colombiano debe dar al derecho a la protesta aplica a su ejercicio en internet. Sin embargo, durante este mes de manifestaciones las autoridades no ahorran en calificar la expresión y creatividad digital a favor de la protesta como “vandalismo digital”.
La narrativa oficial generaliza las manifestaciones de la protesta en línea al afirmar que todo lo que dicen las personas, los colectivos, los medios alternativos e incluso los medios masivos cuando se pronuncian a favor de la protesta, son noticias falsas. Se trata de una actitud que busca legitimar acciones de “ciberpatrullaje” y de posicionar a la fuerza pública como la autoridad para definir lo que es verdad o no en redes sociales. Todo esto parece justificar narrativas de contención del terrorismo sin que por otra parte se planteen las restricciones que deben satisfacer los estándares de derechos humanos que exigen analizar: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, las medidas que realizan para “combatir” actividades relacionadas o de protesta son ilegítimas y no cumplen con las obligaciones del Estado.
CUARTO. Advertimos del uso ilegal de la tecnología para controlar la protesta
El uso de herramientas tecnológicas por parte del Estado para el control de las protestas debe ser legal, necesario y proporcional, sujeto además al debido proceso. En Colombia no existen normas legales que hayan definido la forma en que se usarán herramientas como los drones, el reconocimiento facial o el perfilamiento en redes sociales en el marco de la protesta, mucho menos los límites entre su uso militar y su uso en una protesta civil, donde los derechos de la ciudadanía no son un adorno, son el eje central de la garantía del disenso. No se debe olvidar que son varias las regiones del mundo en donde el reconocimiento facial, por ejemplo, ha sido prohibido en manos de la policía.
En Karisma llamamos la atención porque, sin que exista una ley que autorice su uso, estas tecnologías -como el reconocimiento facial, los software que permiten perfilamientos o “ciberpatrullajes”, los que permiten “romper” la seguridad de los celulares de las personas, los drones en una manifestación, etcétera- se usan ilegalmente en Colombia. Cabe agregar que una resolución, como en el caso de la regulación del uso de los inhibidores de señal de los celulares [4] , tampoco satisface el criterio de legalidad que debe ser considerado cuando se limita el alcance de los derechos fundamentales.
QUINTO. Hacemos un llamado a todas las empresas intermediarias de internet para adoptar medidas especiales en tiempos de crisis, como las protestas
La censura la siente quien no puede expresarse en un determinado momento pero está íntimamente ligada al censor. En momentos de importante tensión social poder establecer el origen y naturaleza del problema puede evitar que aumente la sensación de censura estatal, pues particularmente en la complejidad de la conectividad de internet, las causas de los problemas son muchas. Es difícil para las personas diferenciar qué es lo que falla cuando no pueden subir un vídeo, compartir un material, iniciar una transmisión en vivo o incluso cuando ven que pierden sus contenidos, lo que sienten es que no se les permite expresarse en un momento importante y urgente.
Los problemas en la infraestructura de internet, como daños, mantenimiento, cortes de luz, sobrecarga en las redes (normal cuando hay concentraciones de personas que demandan mucha conectividad), son frecuentes y además esa conectividad y sus comunicaciones también se ven afectadas por el funcionamiento de las redes sociales.
En el informe sobre el rol del sector privado para el desarrollo de internet en 2016, el relator de libertad de expresión de la ONU, reconocía el importante papel del sector privado en el respeto a la libertad de expresión en la era digital. El informe reconoce que las empresas están sometidas a presiones estatales que pueden derivar en limitaciones a los derechos de las personas, pero les recuerda que también desempeñan funciones independientes que pueden promover o restringir los derechos. La medida que se resalta en especial en este informe es la de la transparencia tanto en los procedimientos que aplica donde debe considerar evaluaciones de impacto a los derechos de las personas, como en la posibilidad de entregar datos sobre sus acciones que permitan el escrutinio público.
En Karisma reconocemos que por primera vez en la historia de la protesta en Colombia hemos visto datos sobre los problemas de la conectividad de internet, y esto es gracias a las empresas que están entendiendo la importancia de dar información pública. Lo vimos cuando la empresa que tenía problemas de conectividad en Cali, Movistar, justificó ante los medios de comunicación y el Ministerio TIC rápidamente su participación en los problemas que la ciudad estaba sintiendo la noche del 4 de mayo. Se evidenció también cuando, ante los problemas para compartir historias y acceder al archivo de contenidos de sus historias en Instagram desde el 6 al 7 de mayo, la empresa publicó información sobre el problema y entregó datos sobre la afectación que se dió.
Sin embargo, creemos que se puede hacer mucho más. El silencio de lo que sucede en sus infraestructuras y plataformas en momentos de crisis contribuye al clima de desconfianza, aporta a la sensación de pánico que genera el posible silenciamiento y además no permite el escrutinio público en tiempo real.
Queremos ayudar a identificar el origen y la naturaleza de los problemas. Creemos que cuando se entiende este escenario tan complejo se puede explicar mejor lo que sucede para dar tranquilidad o establecer las acciones que deben tomarse. Sin embargo, al no contar con la información necesaria debemos hacer investigaciones que desgastan los recursos y no facilitan el ejercicio oportuno de explicar lo que sucede. Sin transparencia no es posible distinguir entre la acción estatal y la del sector privado. La información oportuna nos permitiría entender por qué el 4 de mayo falló la funcionalidad de tendencias en Twitter, qué pasó con el botón que permite las transmisiones en vivo en Facebook el 18 de mayo o cuál fue el actuar de las empresas proveedoras de internet frente a la solicitud de bloquear archive.org y ghostbin.co.
SEXTO. Nos solidarizamos con todas las personas, les pedimos que se cuiden y cuiden su información
En Fundación Karisma acompañamos y escuchamos las preocupaciones y dudas que las personas y los colectivos tienen en relación con el uso de la tecnología en el ejercicio de su derecho a la protesta en las calles y en los entornos digitales. Hemos publicado una serie de recursos útiles para que puedan reducir posibles vulnerabilidades a su integridad física, emocional, digital, su información y sus dispositivos, antes, durante y después de la protesta [5].
Hoy más que nunca, cuando los recursos y escenarios digitales han facilitado la lucha, la movilización y la denuncia pública, convocamos a la promoción y apropiación de entornos y capacidades digitales libres de interferencias ilegítimas del Estado, que avancen en la protección de la privacidad, la garantía del anonimato y la libertad de expresión de las personas y los colectivos que protagonizan estos hechos.
Referencias
[1] Ver: https://web.karisma.org.co/que-es-la-neutralidad-de-la-red/
[2] Ver: https://twitter.com/Karisma/status/1398372292728692736?s=20
[3] Ver: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf pg. 95 y ss
[4] Ver: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-ciencia-e-innovacion/internet-no-tiene-quien-la-cuide-y-menos-protesta-78278
[5] Ver: https://web.karisma.org.co/kit-de-seguridad-digital-para-antes-durante-y-despues-de-la-protesta/
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Edda es investigadora de la línea de Autonomía y Dignidad de la Fundación Karisma. Es antropóloga y le interesa la intersección entre la tecnologia y los derechos humanos y digitales.