Entre el miedo y la vigilancia: el sistema de exclusión del Sisbén IV

2020-06-01 Leer en voz alta

Por Carolina Botero

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El sistema que define gran parte de la política pública para ayudar a los más pobres en el Covid está construido con una lógica perversa y que además podría no estar sirviendo bien.

* Esta columna fue escrita con el apoyo de Joan López y Juan Diego Castañeda de Fundación Karisma.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene en el Sisbén un sistema diseñado para vigilar a las personas en condición de vulnerabilidad utilizando un intercambio de datos en el que cada respuesta de una persona estará en constante escrutinio. Es, entre otras, el sistema que se está utilizando para hacer llegar lo subsidios durante la Pandemia del Coronavirus. Con esto, se muestra una tendencia política en la que se vuelven aceptables los daños que se le puedan hacer a las casi 40 millones de personas cuyos datos se vigilan en el Sisbén y que ahora marcan gran parte de la política social. 

Estos hallazgos son parte de la investigación “Experimentando con la pobreza: El Sisbén y los proyectos de analítica de datos en Colombia” que hicimos en la Fundación Karisma. En este informe se analiza cómo se vienen incorporando las tecnologías digitales en el sistema de asistencia social en Colombia y cómo sus datos, su privacidad, quedan al garete. 

Lo primero es que esto no sucede solo en Colombia. “Naciones de todo el mundo están tropezando como zombis en una distopía de bienestar digital en la que la inteligencia artificial y otras tecnologías se utilizan para atacar, vigilar y castigar a las personas más pobres”, así comienza el artículo de The Guardian que explica el informe sobre tecnologías en el estado de bienestar del Relator de las Naciones Unidas para la pobreza extrema, Philip Alston. Para el Relator, en este campo hay una constante búsqueda de recortes de gastos y “eficiencia”. Las tecnologías digitales en el estado de bienestar se usan para automatizar, predecir, identificar, vigilar, detectar, singularizar y castigar, sin consideraciones de derechos humanos.

El informe de Karisma sobre el Sisbén tiene muchas aristas, pero me gustaría concentrarme en contar cómo esta política se construyó a partir del miedo y la vigilancia sobre las personas en condición de pobreza. Esta política está basada en un juicio en el que cada afirmación podrá ser utilizada en su contra poniendo en duda su buena fe y sus necesidades. 

¿Qué es el Sisbén?

El Sistema de Posibles Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es un instrumento de clasificación social que le asigna un puntaje a cada hogar entre 0 a 100. Entre más alto el puntaje, se entiende que el hogar es más “próspero”. Es importante decir que el DNP tiene total autonomía para tomar decisiones sobre el Sisbén, pues se encarga del diseño, administración y control de la base de datos. 

Los datos personales utilizados para la clasificación se recogen por medio de encuestas aplicadas a las personas que habitan sitios donde ha habido pobreza anteriormente. Los datos recogidos pasan por un software que determina el puntaje, de acuerdo con los parámetros que defina el DNP como característicos de una persona en situación de pobreza.

Paralelamente, las entidades encargadas de distribuir los beneficios sociales del Estado determinan el puntaje de Sisbén que debe tener quién “merece” asistencia -por ejemplo- en salud, educación, acceso a vivienda o a tierras, ayudas para la vejez y transferencias para la lucha contra la pobreza. No cabe duda de que el Sisbén es el sistema de clasificación social más importante en el país, pues es el que determina el acceso a derechos sociales de millones de personas. 

El Sisbén se actualizó para excluir a las personas, hablemos del Sisbén IV

En 2016, el DNP consideró que cada vez hay menos personas en condición de pobreza, apoyado en algunos índices, pero las personas registradas en el Sisbén con puntajes de menos de 50 continuaban creciendo. 

Por eso, la entidad decidió hacer cambios para reducir ese número “marcando” a las personas que podrían estar mintiéndole al sistema. El rol de las tecnologías digitales en esta estrategia es esencial, pues buscan inconsistencias en la información que las personas entregan para la calificación del Sisbén.

Uno de estos cambios fue crear un sistema de intercambio de información con 34 bases de datos públicas y privadas para verificar los datos que reportan las personas. Uno de los efectos de esto fue que la encuesta para el Sisbén IV (la nueva versión) se amplió con nueva información como la financiera. 

Además, incluyó una cláusula en la que la negativa a entregar información significa la exclusión del sistema y cualquier inconsistencia en los datos puede llevar a acciones legales y administrativas. 

Por eso, decimos que la estrategia de incorporar tecnología consiste en buscar mentiras verificando toda la información que las personas entregan sobre temas muy sensibles como su condición de salud, fecundidad, familia, condición de víctima y origen de sus ingresos.

El problema es que, al ser información sensible, hay dos presunciones que difícilmente se sostienen en condiciones de marginalidad social. Primero, que las personas pueden determinar con exactitud todas las cosas que les preguntan, por ejemplo, sus ingresos mensuales. Segundo, que las bases de datos con las que se confronta el Sisbén, la mayoría de la cuales también son administradas por el Estado, están completas y son de alta calidad. El problema es estructural porque, de acuerdo con la lógica del Sisbén IV, por ejemplo, una invalidez solo existe cuando está en el sistema de salud. 

El Sisbén IV busca ser más eficiente cruzando sus datos con los de otros. En ese proceso el convenio a resaltar es con la multinacional Experian para utilizar las bases de datos de la calificadora de riesgos financieros Datacrédito. Con este acuerdo, el DNP accede a la información financiera de quienes estén registrados en DataCrédito para buscar inconsistencias en los registros del Sisbén. A cambio, Experian puede utilizar la información del Sisbén para el desarrollo de servicios que serían utilizados por las instituciones bancarias. Los datos a los que podrá acceder el DNP incluyen:

Fuente: Construcción propia a partir del Acuerdo de intercambio de información entre el DNP y Experian Colombia

El proceso de verificación arrancó en 2014 cruzando con dos bases de datos públicas para buscar personas fallecidas y con altos ingresos. Solo hasta 2017, el DNP modificó las reglas para actualizar y buscar inconsistencias en las bases de datos del Sisbén. Con esto, la entidad dejó la puerta abierta a convenios con compañías y al cruce con nuevas bases de datos públicas.

El decreto estableció que el puntaje de una persona queda “en verificación” cuando aparezca una inconsistencia en el cruce de bases de datos. El DNP determinó varias causales para que las personas queden “en verificación” como: 

  • cambios de residencia sin una nueva encuesta 
  • cambio no justificado de información que determine el DNP
  • registro de ingresos superiores a los valores determinados por el DNP
  • novedades en condiciones socioeconómicas no reportadas
  • inexactitudes o incongruencias de la información
  • cualquier otra inconsistencia que considere el DNP. 

Cuando una persona queda en “verificación”, el DNP avisa al departamento o municipio donde vive esa persona. El departamento o municipio puede decidir si la saca del sistema o si solicita una nueva entrevista para reclasificación. A los seis meses siguientes al aviso del DNP, si no ha habido reclasificación, se comunica a quienes administran los programas sociales que le deben quitar los beneficio a la persona. 

Con todo, la imagen que tiene el DNP de quien comete fraude al Sisbén es un poco extraña. Por ejemplo, el DNP cita el caso de una persona que gana 7 millones de pesos mensuales y estaba calificada con 17 puntos. Pero ¿qué se requiere para tener un puntaje tan bajo en el Sisbén con unos ingresos tan altos? Puede ser una persona que le miente al sistema “aparentando ser pobre” pero puede ser también que hay errores en las bases de datos. 

El Sisbén IV creó un sistema que se enfoca en el último eslabón de la cadena, es decir, el esfuerzo está en quienes engañan a los encuestadores. Pero eso no explicaría todos los casos de inconsistencias, y además somete a cerca de 40 millones de personas a mayor vigilancia. 

El problema con los cambios del Sisbén IV

El acuerdo entre el DNP y Experian para el tratamiento de datos personales del Sisbén es problemático, como mínimo, desde el punto de vista de la protección de datos. Específicamente, desde la aplicación del principio de finalidad de la Ley 1581 de 2012.

De acuerdo con la Ley, los principios para el tratamiento de datos aplican en todos los casos. El principio de finalidad exige que el tratamiento responda sólo a los fines para los cuales los datos fueron entregados. Según la Corte Constitucional, esto no sólo significa que el tratamiento de datos debe obedecer a una finalidad legítima, según la constitución y la ley, sino que no se puede usar datos personales para fines distintos a los cuales fueron entregados. 

Estas limitaciones provocan algunas preguntas que el DNP debe aclarar. Particularmente, si una persona entrega sus datos personales para que se realice la evaluación y calificación de su situación con el fin de obtener beneficios sociales, ¿qué justifica usar esos mismos datos personales para que Experian desarrolle productos y servicios bancarios?

La vulnerabilidad de las personas cuyos datos trata el Sisbén es notoria. Informar con precisión para qué se usarán los datos personales no es sólo un requisito sino una herramienta de control y una garantía que debería permitir a las personas saber si sus datos están siendo usados únicamente para lo que fueron recolectados. 

Sin embargo, una persona que quiere ser calificada en el Sisbén difícilmente opondrá resistencia a los usos que quiera darle el DNP, aún si el nuevo uso ha sido previsto en la autorización, pues de esa calificación depende el acceso a distintos beneficios sociales y programas del Estado. Sin un compromiso claro de las entidades por realizar los derechos y principios de la protección de datos, la ley le falla a las personas beneficiarias del Sisbén.

Más allá de la protección de datos, el DNP puede estar partiendo de una necesidad loable de ser “más eficiente” con los recursos, pero la fórmula que idearon está poniendo a las personas en condición de vulnerabilidad como foco de una vigilancia estatal que otras personas no experimentan. Este sistema muestra que es aceptable para el gobierno vigilar y poner en duda cada pequeño detalle de los datos sensibles que suministran las personas en condición de pobreza. 

El miedo sobre el que se construyó el sistema es evidente en las denuncias de las entidades territoriales que les preocupa perder recursos por la reducción de beneficiarios en sus regiones y de las personas beneficiarias que no aceptan ser entrevistadas porque temen perder los beneficios de los cuales dependen. En otras palabras, el DNP construyó un juicio en el que cada palabra será verificada y, a pesar de que no haya antecedentes ni razones para dudar, pondrá en riesgo el acceso a beneficios sociales de millones de personas. 

El DNP se enorgullece de “sacar” del sistema a miles de personas fallecidas o con ingresos exorbitantes. Así, el peso de la culpa de la falta de calidad de sus bases de datos termina en las personas que dependen de este sistema para vivir y no en el DNP. 

Con la crisis impulsada por el COVID-19, la respuesta del gobierno son transferencias focalizadas utilizando múltiples registros. Cada vez más lejos están los ejercicios de ciudadanía activa que reconozca la buena fe de las personas y las carencias de estos sistemas para llegar a todas personas que sufren en una crisis.

Más allá del miedo y la vigilancia

El diseño y uso del Sisbén debe responder a la protección de las personas y no a una política del miedo. Aunque el caso colombiano no es especial, sigue la tendencia mundial, no deja de ser vergonzoso que su evolución y la incorporación de tecnología sirva es para excluir a las personas. Es hora de recordar que el objetivo del Sisbén debería ser incluir. 

La política del miedo y la vigilancia que el DNP montó sobre las personas en condición de pobreza está basada en un juicio en el que cada afirmación podrá ser utilizada en su contra poniendo en duda su buena fe y sus necesidades. Este sistema de vigilancia centrado en la pobreza acepta condiciones que no aceptaríamos para otros grupos. Así, resulta políticamente aceptable los daños que se puede generar por este experimento social y la utilización de los datos sensibles de las personas para fines diferentes de aquellos para los que fueron compartidos.

Se dice que el futuro ya está aquí, solo que está desigualmente distribuido. Este caso muestra que el futuro del bienestar social está siendo primero probado con las personas más vulnerables porque aceptamos que el riesgo de una falla, un error humano o una “caída del sistema” se lleve consigo los beneficios de los que millones de personas dependen. Por eso, un instrumento diseñado para incluir a las personas es ahora un mecanismo de exclusión social.

Si quieres entender mejor de qué se trata este caso, te invitamos a revisar nuestros blogs explicativos: 

¡Cúlpelos a ellos! La vigilancia sobre las personas en vulnerabilidad

¡No pueden ser tantos pobres! La exclusión de personas beneficiarias con analítica de datos. 

¡La suerte está echada! Los “merecedores” deben ser elegidos por sus “posibles” ingresos y no por lo que tienen.

Para saber más sobre esta investigación, puedes revisar: Experimentando con la pobreza: El SISBÉN y los proyectos de analítica de datos en Colombia.

O puedes descargar el informe directamente aquí

Consulta los documentos fuente de la investigación en este link.



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