La experiencia de Karisma en la mesa de reforma policial
En marzo de 2021, el entonces ministro de defensa, Diego Molano Aponte, y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, dieron a conocer el Plan integral de innovación, transparencia y efectividad del servicio de Policía Nacional1. Al mes siguiente, el 28 de abril del mismo año, estalló el paro nacional.
La gravedad de los abusos cometidos por la Policía impulsó a varias organizaciones de la sociedad civil colombiana a exigir la reforma a esta institución. Desde Fundación Karisma participamos en la mesa que se instaló para discutir los puntos de este proceso. En esta entrada web les contamos cómo nos fue, qué aprendimos y qué esperamos para que las tecnologías digitales no profundicen los abusos ni afecten desproporcionadamente el derecho a la protesta social.
La necesidad de una reforma integral
Durante el estallido social y debido a las múltiples denuncias de abuso policial y de violaciones a los derechos humanos, desde Fundación Karisma nos unimos al llamado de varias organizaciones defensoras de derechos humanos para que el gobierno en cabeza del expresidente Iván Duque, detuviera de manera inmediata la represión a la protesta y tomara acciones que garantizarán el efectivo ejercicio de derechos dentro y fuera de internet2.
Como organización defensora de los derechos humanos y la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales, para nosotras fue especialmente preocupante que durante el paro se instalara un Puesto de Mando Unificado Ciber -PMU-Ciber- sin ninguna claridad sobre sus facultades y funciones.
En mayo de ese mismo año, el Ministro de Defensa lanzó la campaña “Colombia es mi verdad”, luego de que las plataformas del Ministerio fueran supuestamente blanco de un ataque cibernético. Este ataque fue posteriormente desmentido al probarse que fue un montaje ordenado por el propio Ministerio.
La campaña fue el inicio de un grupo de acciones de ciberpatrullaje mediante las cuáles el centro cibernético policial se dedicó a monitorear las redes sociales y tildar como falsas las denuncias sobre abusos policiales que las y los ciudadanos hacían en redes sociales. La CIDH rechazó esta práctica en el informe de visita a Colombia3.
Luego de lanzar nuestra investigación, “Cuando el Estado vigila: ciberpatrullaje y OSINT en Colombia4”, en la que rastreamos los contratos de tecnologías de inteligencia de fuentes abiertas contratadas por entidades que hicieron parte del PMU-Ciber, en el año 2023 nos unimos a la mesa de reforma policial conformada por organizaciones de la sociedad civil.
El historial de abusos cometidos en tan poco tiempo hizo que la necesidad de una reforma integral a la Policía estuviera una vez más en el centro de la agenda de derechos humanos. Varias organizaciones de la sociedad civil impulsaron la creación de una mesa de trabajo para discutir y llegar finalmente a reformas concretas a la Policía.
El proceso de la mesa de trabajo
Para el momento de nuestra adherencia, la mesa ya había lanzado el pliego de peticiones5 para la reforma policial que incluía seis pilares:
- Desmilitarización y reemplazo de la doctrina.
- Adaptación al nuevo modelo policial.
- Formación con enfoque de derechos humanos.
- Ajuste a los estándares de derechos humanos en un contexto de desmilitarización.
- Mecanismos de control y veeduría ciudadana.
- Garantía de derechos de las víctimas de violencia policial a la verdad, la justicia y la reparación.
Nuestro objetivo principal dentro de la mesa fue incluir en el debate sobre la reforma a la Policía, la necesidad de regular la implementación de tecnologías digitales como medios de apoyo en el servicio policial. Para esto, nos dimos a la tarea de hacer un seguimiento sobre algunas de las tecnologías, sin segregar la información por dependencias, y publicamos el informe “Chécheres, juguetes y armas: un inventario parcial de tecnologías que utiliza la Policía6”.
Es importante mencionar que el proceso para instalar esta mesa de trabajo orientada a discutir los puntos relacionados con la reforma a la Policía, se dio gracias al diálogo articulado entre Ministerio de Defensa Nacional y las organizaciones de la sociedad civil, que en conjunto, y con el rol de intermediaria imparcial de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH), establecieron un programa metodológico para dar inicio a las sesiones de este plan en el que también participó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que desde la entrada en vigencia de la resolución 1091 de 2023, tomó el lugar del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-.
Los diálogos con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional
Las sesiones de diálogo realizadas durante el 2023 y finalizadas el pasado 19 de enero de 2024, se desarrollaron en torno al tema relativo a las armas de menor letalidad -AML-. Estas conversaciones finalizaron con la construcción de dos proyectos de acto administrativo: un proyecto de decreto ordinario del Ministerio y un proyecto de resolución de la Policía.
La mesa de trabajo estaba limitada. No se podía alcanzar una reforma integral y estructural a la Policía si en la mesa estaba únicamente la UNDMO y la discusión estaba restringida a lo relativo a las AML. Sin embargo, esperábamos que la experiencia con la mesa pudiera dar inicio a diálogos con más dependencias de la Policía y así continuar en el proceso de reforma integral.
Desafortunadamente, la UNDMO descartó nuestras sugerencias y peticiones en materia de uso de dispositivos tecnológicos, por supuesta falta de competencia, a pesar que la UNDMO sí implementa como medios de apoyo al servicio varias tecnologías digitales.
Antecedentes normativos: tecnologías en manifestación pública
La resolución 1091 de 2023 ya mencionaba algunas tecnologías como medios de apoyo al servicio como cámaras y drones. Adicionalmente, establecía que en la fase de anticipación a las manifestaciones públicas, se deben desplegar acciones para recolectar información y presentar productos de inteligencia.
Esto último despertó nuestras alarmas puesto que, como ya se ha expuesto, la Policía ya ha realizado actividades de inteligencia con tecnologías en el marco de manifestaciones. Esta forma de vigilancia restringe de manera desproporcionada el derecho a la protesta y a la libertad de expresión7.
Conforme con estas preocupaciones, en la mesa expusimos los riesgos de la implementación de tecnologías para este fin, y fuimos enfáticas en advertir que el ejercicio de la protesta social no puede ser objeto de labores de inteligencia.
A pesar de ello, el Ministerio y la UNDMO se abstuvieron de contestar a nuestra solicitud de hablar sobre esta advertencia justificándose en que la Unidad no tiene la competencia para hacerlo ya que, tal cual como está consignado en la resolución 1091 de 2023, las instancias encargadas de estos asuntos son los comandantes de policía metropolitana o del departamento de policía, a través de jefes regionales o seccionales de inteligencia.
Lo que aprendimos: SIDMO
Durante los diálogos, la UNDMO nos informó a las organizaciones participantes sobre la existencia del SIDMO, un sistema de información que fue desarrollado internamente hace dos años en la unidad, que contiene y trata información relevante sobre el ejercicio de la labor policial, y que, de acuerdo con lo expuesto, pretende dar garantías de transparencia a la labor de la UNDMO.
Este sistema alberga todos los datos relacionados con los equipos que despliega la Unidad de Mantenimiento del Orden en el marco de manifestaciones sociales: en qué lugar, qué armas de menor letalidad manejan y quiénes son responsables de cada elemento y dispositivo.
Adicionalmente, se nos informó sobre el sistema de almacenamiento de evidencia digital, que guarda las grabaciones realizadas mediante aeronaves remotamente tripuladas o drones y cámaras. Al respecto, expresamos nuestra preocupación por la falta de procesos y garantías claras para que la sociedad civil pudiera acceder a este material.
El Ministerio de Defensa y la UNDMO sostuvieron que la implementación de sistemas de grabación es una forma de vigilar y controlar la actividad policial y no a la ciudadanía. Sin embargo, para que los dispositivos tecnológicos refuercen la transparencia, se requiere que existan protocolos claros, que incluyan análisis de legalidad, necesidad y proporcionalidad, para que la sociedad civil pueda acceder a la evidencia.
En cuanto a la imágenes grabadas por drones, existe un sistema de clasificación que determina el tiempo de almacenamiento de las imágenes y vídeos en el sistema. Si se trata de actividades cotidianas, el almacenamiento es de 30 días. Si se encuentran incidentes o existe sospecha, el tiempo de preservación es de 180 días. Cuando hay personas lesionadas o se hayan iniciado procesos judiciales derivados de sucesos grabados, se guardan por 360 días.
En lo que insistimos
Priorizar la información alojada en el SIDMO para guardarla tiene sentido, si se tiene en cuenta que el espacio de almacenamiento es limitado. No obstante, insistimos en que los criterios de clasificación no pueden ser arbitrarios, deben obedecer a elementos razonables, como que se adecuen a los términos en que una persona presuntamente vulnerada en el marco de una actuación policial puede iniciar una acción legal, y no pueden ser objeto de discrecionalidad de la misma Policía.
Además, es fundamental que los términos de almacenamiento sean suspendidos automáticamente cuando una persona interesada solicite el acceso a la información, de modo que se garantice el mismo como parte del ejercicio al debido proceso en el marco de una investigación.
Los dispositivos tecnológicos y algunas disposiciones específicas respecto a ellos, particularmente sobre los sistemas de información, fueron integrados a la propuesta de resolución que organizaciones de la sociedad civil entregamos al Ministerio de Defensa. Lamentamos que ninguna de ellas fuera incluída.
La UNDMO, enfatizó en que la regulación de los sistemas de información estaba consignada en los protocolos de uso de los mismos, y, que, por tanto, incluir dispositivos tecnológicos en la resolución extra limitaría la competencia del acto. Dicho esto, solicitamos recurrentemente, y sin éxito, una copia de los mismos. Sorpresivamente recibimos la respuesta de que los protocolos no contaban con su aprobación formal. Así las cosas,
en realidad no existe ninguna norma vigente, de ningún rango, que regule el tratamiento y acceso a información relativa al despliegue de la labor de la UNDMO.
Nuestra propuesta incluía también la auditoría obligatoria imparcial de los dispositivos tecnológicos, adquiridos o de desarrollo interno, implementados por la Unidad, garantizando de esta manera lo relativo a la seguridad digital de los sistemas y la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en el despliegue de estos y otros elementos.
¿Qué esperamos?
Como se mencionó, las sesiones llevadas a cabo con la UNDMO, y el resultado de estas, no representan una reforma integral ni sistemática a la Policía. Sin embargo, aunque abarcan una temática limitada que se extiende solo a agentes o unidades de esta institución que hacen uso de armas de menor letalidad, si pueden ser el inicio de una reforma necesaria a una institución que ha estado vinculada a graves casos de violaciones de derechos humanos; ese debe ser siempre el norte.
Desde Karisma, agradecemos y resaltamos la importante labor y esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado por obtener justicia para las personas víctimas de violencia y abuso policial y por promover y participar activamente en una reforma estructural e integral a la Policía.
Esperamos se mantenga y, de ser posible, crezca la voluntad del gobierno para continuar con la toma de decisiones que se concreten en acciones positivas por una reforma policial, y que el proceso siga teniendo como actor fundamental a la sociedad civil. Además hacemos énfasis en la importancia de que la transformación se dé con todas las dependencias de la Policía.
Esperamos también que la reforma policial avance de manera paralela con las investigaciones de los casos de violencia que en la actualidad presentan unos índices de impunidad preocupantes, con los procesos de reparación a las víctimas y con los compromisos de no repetición.
Para nosotras, la reforma a la institución continúa siendo una prioridad. Creemos firmemente que para que sea integral debe incluir en su agenda estándares de transparencia en la adquisición, desarrollo e implementación de tecnologías digitales y otros dispositivos tecnológicos
Sin embargo, nuestra experiencia en este espacio en específico, ha llevado a la decisión de que debemos buscar otros espacios de incidencia para abordar el tema de las tecnologías con más posibilidades de toma de decisiones particulares en la materia.
Seguiremos apoyando a las organizaciones que han adelantado este trabajo; las puertas de nuestra organización seguirán abiertas para hablar sobre tecnologías y derechos humanos en el contexto del servicio policial. Así mismo, continuamos valorando los espacios participativos que promueve el Estado y haremos parte activa de aquellos en los que podamos trabajar para que las tecnologías digitales aporten en la construcción de escenarios de justicia social.
- El Tiempo. 2021. Este es el plan de transformación integral de la Policía. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/plan-de-transformacion-integral-de-la-policia-nacional-573464 ↩︎
- Fundación Karisma. (2021). Organizaciones internacionales de sociedad civil exigen que el gobierno de Colombia detenga inmediatamente la represión a la protesta y garantice el ejercicio de derechos dentro y fuera de línea. Disponible en: https://web.karisma.org.co/organizaciones-internacionales-de-sociedad-civil-exigen-que-el-gobierno-de-colombia-detenga-inmediatamente-la-represion-a-la-protesta-y-garantice-el-ejercicio-de-derechos-dentro-y-fuera-de-linea/
↩︎ - CIDH. (2021). Observaciones y recomendaciones: visita de trabajo a Colombia. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf
↩︎ - Fundación Karisma. (2023). Cuando el Estado vigila: ciberpatrullaje y OSINT en Colombia. Disponible en: https://web.karisma.org.co/cuando-el-estado-vigila-ciberpatrullaje-y-osint-en-colombia/
↩︎ - Defender la libertad. (2023). Pliego de propuestas para una reforma policial integral. Disponible en: https://defenderlalibertad.com/project/pliego-de-propuestas-para-una-reforma-policial-integral/ ↩︎
- Fundación Karisma. (2023). Chécheres, juguetes y armas tecnológicas de la Policía Nacional. Disponible en: https://web.karisma.org.co/checheres-juguetes-y-armas-tecnologicas-de-la-policia-nacional/
↩︎ - Privacy International. (2019) Submission to the UN Human Rights Committee on Article 21 of the International Covenant of Civil and Political Rights [Comentarios al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el Artículo 21 del Pacto Internacional por los derechos Civiles y Políticos.] https://privacyinternational.org/advocacy/2764/privacy-internationals-submission-un-human-rights-committee-article-21-iccpr
↩︎
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